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Una defensa fiscal integral enfocada en defender tus derechos como contribuyente, con una perspectiva y expertis de 360°, que atacará el acto administrativo de forma contundente y además, protegerá tu patrimonio.

La experiencia que se aplicará para establecer una estrategia de defensa fiscal adecuada, enmarca la visión de un juzgador del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la visión de un funcionario público del Servicio de Administración Tributaria, así como un abogado litigante de la iniciativa privada conocedor de las necesidades del cliente.

Ninguna revisión es al azar, seguramente de tu conducta tributaria encontraron detonantes que estimen un posible incumplimiento de obligaciones fiscales, para el SAT, todo está premeditado y medido, es decir, la autoridad fiscal antes de optar por iniciar una revisión a los contribuyentes ya conoce una cantidad aproximada del dinero que intentará recaudar.

Lo primero que tienes que saber es que el SAT, en caso del incumplimiento de obligaciones fiscales, puede determinar contribuciones omitidas, imponer multas, cobrar recargos e incluso embargar tus bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias y/o propiedades, estos dos, resultan ser los más efectivos para las autoridades fiscales.

Además de lo anterior, los últimos años se han caracterizado por limitar la operatividad de los contribuyentes, uno de sus métodos más comunes es la restricción de sellos digitales, situación que impediría que tu negocio pueda emitir facturas.

En algunos casos, dependiendo de cada caso en concreto, puede interponer denuncias ante las autoridades competentes por delitos fiscales para que el Ministerio Público persiga la comisión de un delito.

Los impuestos tienen el carácter de crédito fiscal, por ello, una autoridad fiscal como es SAT, podría acudir a iniciar algún procedimiento para obtener el flujo de esos impuestos.

Tratándose de actos fuera de una auditoría, es posible que te señalen como contribuyente no localizado, situación que podría desencadenar otras actuaciones que podrían perjudicar diversas circunstancias, obtén un E-book, para que sepas que hacer en caso de una verificaciones de domicilio aquí https://form.jotform.com/220427948638062.

En otro panorama, si están dentro de una revisión de la autoridad, podrías actualizar una conducta que ameritaría la comisión de delito fiscal, perseguible por la vía penal.

Un crédito fiscal es el ingreso (dinero) que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público que provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios.

El Procedimiento Administrativo de Ejecución, conocido como PAE es el medio con el que cuentan las autoridades fiscales (SAT, IMSS, INFONAVIT, etcétera), para exigir a los contribuyentes el pago de los créditos fiscales a su cargo que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos que disponen las leyes fiscales, este puede ser realizado en el domicilio fiscal del contribuyente, o bien, mediante el buzón tributario (correo electrónico), el principal objetivo de las autoridades fiscales son las cuentas bancarias a nombre del contribuyente, es el medio por excelencia que tiene la autoridad para cumplir con su objetivo de recaudar.

La autoridad fiscal en el desarrollo del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) actuara según al caso concreto, es decir, acorde al tipo de contribuyente, así como los bienes de que dispone para pagar el crédito fiscal, usualmente el objetivo son las cuentas bancarias, así como, bienes inmuebles, usando todas o algunas de las siguientes etapas:

1. Mandamiento de Ejecución.

2. Notificación del Mandamiento de Ejecución.

3. Requerimiento de Pago.

4. Embargo.

5. Remoción de Depositario.

6. Avalúo.

7. Convocatoria a Remate.

8. Remate.

9. Adjudicación de los Bienes.

10. Aplicación de Producto del Remate.

El juicio de amparo es una herramienta fundamental para contrapuntar el poder de las instituciones en defensa de tus derechos constitucionales, resulta indispensable el conocimiento de esta para hacer valer los derechos del ciudadano, existen 2 tipos:

• Amparo Indirecto: Este procedimiento en contra de los actos u omisiones por parte de la autoridad, así como particulares que cumplan funciones similares y normas generales que causan algún perjuicio. Quienes son competentes para resolver asuntos de esta sesión son los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito.

• Amparo Directo: Este procedimiento en contra de sentencias definitivas, laudos o resolución que den fin al juicio. Quienes son competentes para resolver asuntos de esta sesión son los Tribunales Colegiados de Circuito.

Y dentro de estos tipos de juicios de amparo a las personas y entes que participan se les denomina como:

• Quejoso (a): Es el titular de un derecho o interés legítimo, el cual resulta afectado por un acto u omisión por parte de la autoridad responsable o una norma que viole sus derechos humanos.

• Autoridad responsable: Es la parte de la que procederá el acto reclamado y contra quien sea exigente protección por parte del gobierno federal.

• Tercero interesado: Es la persona con el interés jurídico de que continúe el acto en proceso.

• Ministerio Público Federal: Es la institución encargada de todos los juicios de amparo y su función es velar por la justicia en estos procesos.

El Juicio Contencioso Administrativo Federal es un medio de defensa en contra de actos o resoluciones definitivas dictados por autoridades fiscales federales (como el SAT) que determinen la existencia de una obligación fiscal, nieguen devoluciones, impongan multas, resuelvan recursos administrativos en contra de resoluciones, o causen un agravio en materia fiscal, entre otros, se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este juicio se promoverá, substanciará y resolverá de forma presencial o en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es un medio de defensa que se presenta ante la propia autoridad fiscal federal que permite atacar actos o resoluciones definitivas de esa misma autoridad, si consideras que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales. Debes dar argumentos y exhibir pruebas que amparen tu pretensión, cuando la autoridad los analice y las valore, emitirá una resolución, la cual puede consistir en: dejar sin efectos el acto, confirmarlo o modificarlo, mandar reponer el procedimiento u ordenar se emita uno nuevo o que lo sustituya, o bien, desecharlo por ser improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.